El Gobierno de Bolivia aprobó el uso de una nueva variedad de soya transgénica llamada HB4, decisión que generó preocupación entre investigadores y organizaciones ambientales por el incremento en el uso de agroquímicos.

La nueva semilla transgénica incorpora el uso de glufosinato de amonio, un herbicida considerado más tóxico que otros utilizados anteriormente. Este producto está prohibido en la Unión Europea por posibles riesgos para la salud reproductiva. Según investigadores ambientales, la expansión de estos cultivos profundiza la dependencia de plaguicidas y refuerza un sistema agrícola basado en el uso intensivo de químicos.

Datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura indican que la importación de plaguicidas en Bolivia se quintuplicó entre 2005 y 2022. Además, estudios recientes detectaron residuos de agroquímicos en alimentos y presencia de glifosato en habitantes de Santa Cruz. Organizaciones sociales sostienen que el avance del monocultivo de soya también impulsa la deforestación y el deterioro de los suelos.

Desde el sector agroindustrial argumentan que la incorporación de nuevas tecnologías es necesaria para aumentar la productividad y enfrentar las sequías. Funcionarios del gobierno señalaron que Bolivia busca no quedar rezagada frente a otros países productores de la región, como Argentina, Brasil y Paraguay, que utilizan semillas modificadas desde hace varios años.

Sin embargo, especialistas y plataformas ambientales reclaman fortalecer la agricultura campesina e indígena y avanzar hacia modelos menos dependientes de agroquímicos. También cuestionan la falta de estudios de bioseguridad y advierten que el crecimiento de la frontera agrícola continúa afectando ecosistemas y comunidades rurales del país.