El gobierno de Bolivia decidió reforzar la presencia de fuerzas policiales y militares en distintas regiones del país para contener la escalada de violencia y los bloqueos que afectan principalmente a La Paz y El Alto.

La decisión fue tomada luego de una reunión entre autoridades del Ejecutivo, mandos policiales y las Fuerzas Armadas, tras una de las jornadas más violentas desde el inicio de las protestas. Los disturbios dejaron vehículos incendiados, daños en edificios públicos, saqueos y enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de seguridad. Según datos oficiales, más de cien personas fueron detenidas en operativos posteriores.

El gobierno atribuye los episodios de violencia a grupos movilizados vinculados al Chapare, bastión político de Evo Morales. Entre los sectores que participan de las protestas se encuentran organizaciones campesinas, mineros cooperativistas, maestros rurales, agrupaciones sindicales y movimientos indígenas como los Ponchos Rojos, muchos de los cuales exigen la renuncia de Paz y rechazan sus reformas económicas.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que se aplicarán medidas “duras y estrictas” contra quienes participaron en actos vandálicos y ataques contra bienes públicos y privados. No obstante, insistió en que el Ejecutivo no recurrirá a mecanismos extraordinarios previstos en la Constitución porque podrían profundizar aún más el conflicto político y social.

La tensión también afecta el abastecimiento en varias regiones del país. Los bloqueos de rutas en seis departamentos comenzaron a generar escasez de alimentos, combustible y medicamentos, mientras organizaciones empresariales y productivas advierten sobre fuertes pérdidas económicas. Desde Santa Cruz, dirigentes agropecuarios reclamaron al gobierno garantizar el libre tránsito y restablecer el orden en las carreteras.

Pese al endurecimiento del discurso oficial, el Ejecutivo sostiene que mantendrá abiertos los canales de diálogo con los sectores movilizados. Sin embargo, Bolivia atraviesa uno de los momentos más delicados desde la llegada de Rodrigo Paz al poder, en un escenario marcado por la polarización política, la crisis económica y la creciente confrontación entre el gobierno y organizaciones sociales afines al evismo.