El Congreso de Bolivia aprobó una norma que permite ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en el control interno, en medio de una fuerte crisis política y social que atraviesa el país.

La decisión legislativa habilita al Poder Ejecutivo a declarar el estado de excepción y desplegar militares en distintas regiones si considera que existe una situación de conmoción interna o riesgo para la seguridad del Estado. La aprobación se produjo tras varias semanas de movilizaciones vinculadas a reclamos económicos y cuestionamientos a la gestión oficial.

En distintas ciudades bolivianas persisten los problemas de abastecimiento de combustible y alimentos, además de un escenario económico marcado por la inflación, la escasez de divisas y la incertidumbre financiera. Las protestas también se relacionan con denuncias sobre la calidad de los combustibles importados y el incumplimiento de algunas promesas de campaña realizadas por el actual gobierno.

Desde sectores opositores y organizaciones sociales surgieron críticas hacia la medida aprobada por el Congreso, mientras que el oficialismo sostiene que el objetivo es garantizar el orden y evitar una mayor profundización de la crisis. El gobierno, además, anunció cambios en su gabinete y medidas orientadas a estabilizar la situación económica y social del país.