La crisis social y económica en Bolivia se agravó con un paro indefinido del transporte y una fuerte escasez de combustible que mantiene paralizadas a ciudades como La Paz y El Alto.

La falta de diésel y gasolina dejó fuera de circulación a gran parte del transporte urbano y provincial. Los sindicatos de choferes denunciaron incumplimientos del gobierno y reclamaron compensaciones por los daños ocasionados por la mala calidad del combustible importado, además de exigir soluciones urgentes al abastecimiento.

A la protesta de los transportistas se sumaron comerciantes y trabajadores informales, que alertaron sobre un creciente desabastecimiento en mercados populares y ferias callejeras. La Central Obrera Boliviana convocó a una movilización masiva con cacerolas vacías desde El Alto hacia el centro de La Paz como señal del deterioro económico y social.

En paralelo, el Congreso aprobó la derogación de la ley que limitaba la aplicación de estados de excepción, una decisión que habilita al gobierno de Rodrigo Paz a desplegar a las Fuerzas Armadas en el control de disturbios y bloqueos. La medida fue cuestionada por sectores sociales y defensores de derechos humanos, que advirtieron sobre un posible aumento de la represión estatal.

Mientras continúan las negociaciones impulsadas por la Iglesia Católica y otros mediadores, el clima político sigue en tensión. El gobierno sostiene que las medidas excepcionales son necesarias para recuperar el orden y garantizar el abastecimiento, pero los sectores movilizados mantienen sus reclamos y exigen cambios económicos y la renuncia del presidente.